Las peticiones del sector al nuevo Gobierno

La patronal aboga por una mejora del tratamiento fiscal de la industria para mejorar
la competitividad respecto a los países vecinos, atraer una cuantía mayor de inversión
y de talento a España

30 abr 2019 / 09:35 H.

Las elecciones del pasado domingo y la formación de un nuevo Gobierno en las próximas semanas abren la puerta a la creación y mejora del marco en el que juegan las gestoras de capital privado en España. Adelantándose a esta situación, la patronal del sector (Ascri) lleva tiempo reuniéndose con las principales formaciones políticas con el objetivo de mostrar los beneficios que supone este tipo de inversión en las empresas españolas y conseguir así que la industria gane competitividad respecto a otros países europeos. Las cifras demuestran que el sector todavía tiene mucho camino por recorrer: mientras que en España la inversión en capital privado supone el 0,5 por ciento del PIB, en otros países como Francia supone el 0,9 por ciento.

En este contexto, Ascri ha elaborado un documento con ocho propuestas para dinamizar el crecimiento de las pymes y startups en España que giran en torno a cuatro premisas básicas: elevar la inversión del sector, mejora en el tratamiento fiscal, aumentar la flexibilidad en las inversiones y mejorar la interlocución entre la Administración Pública y los gestores. Para el director general de la patronal, José Zudaire, “estas medidas responden a la necesidad de impulsar nuestro país hacia un modelo que facilite la creación y crecimiento de empresas innovadoras para consolidar una economía del conocimiento”. “El ciclo electoral al que nos aproximamos nos ofrece una oportunidad única para plantear y abordar estos cambios”, añade.

El principal reclamo que recoge el documento de Ascri al que ha tenido acceso elEconomista Capital Privado trata sobre el tratamiento fiscal de la industria en España, tanto a nivel de capital privado como de venture capital -capital semilla-. En el primer caso, la patronal hace hincapié en el carried interest, es decir, el bonus para los gestores del fondo ligado al éxito del proyecto. Según explicó el presidente de Ascri, Miguel Zurita, a esta publicación “los gestores tienen la obligación de coinvertir en los fondos que gestionan junto con el resto de inversores. Sin embargo, la rentabilidad de esta inversión es diferente al resto de los inversores y cuando los fondos que gestionan exceden una rentabilidad mínima, normalmente del 8 por ciento, reciben una rentabilidad adicional, que supone su principal incentivo económico”.

“En los principales países de nuestro entorno, los ingresos derivados de estas participaciones tributan con un régimen claro -ver cuadro-, normalmente como rentas del ahorro -plusvalías o rendimientos del capital- al estar asociados a la inversión, mientras que en España donde la normativa no ha recogido de forma expresa esta figura, se ha generado una notable inseguridad jurídica, llegándose a interpretar que podrían tributar como renta del trabajo, obviando el aspecto inversor de estas participaciones, lo cual supone una fiscalidad muy superior”, añade el también socio fundador de Altamar Capital.

La primera consecuencia de esta desigualdad podría traducirse en una deslocalización de las actividades relacionadas con el capital privado, es decir, “que los gestores se ubiquen en otros países donde no se penalice su fiscalidad como se hace actualmente en España”, explica Zurita. Pero, es más, “también se pierde un gran número de empleos indirectos de alto nivel porque somos un sector que demanda muchos servicios de auditores, abogados, consultores, etc.”, añade el presidente de Ascri.

Por el momento, desde la patronal explican que no han recibido una respuesta “concluyente” al respecto, pero sí destacan que la Diputación de Guipúzcoa ha legislado por primera vez en España sobre este tema. “Lo ha hecho equiparándolo al régimen al que es habitual en otros países de la UE, gravando estos impuestos como rentas del ahorro”, concluye Zurita.

Ayuda a los emprendedores

La patronal también pide mejoras para incentivar la inversión en venture capital en España y generar un entorno fiscal atractivo para el emprendimiento. Entre algunas de las medidas reclamadas destacan “reducir los costes a la inversión, equiparando el sistema de incentivos existentes para las inversiones en I+D+i que realizan las empresas de nueva creación” o “extender a las personas físicas la deducción del 20 por ciento del IRPF sobre el capital invertido en el caso de participar en Entidades de Capital Riesgo”. También quieren trasladar a España el programa británico Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) de deducciones fiscales en el IRPF para la inversión privada individual en startups. Esto supondría: 50 por ciento de desgravación fiscal de la inversión inicial en el impuesto sobre la renta y cien por cien de deducción en las plusvalías.

Además, quieren mejorar el marco fiscal relativo a la entrega de acciones a los empleados, de tal forma que las startups consigan atraer talento y se resuelva el problema “de asumir los elevados costes salariales en las etapas tempranas del proyecto”. También quieren reformar la figura del exit-tax, un tributo para los contribuyentes que tengan acciones o participaciones en empresas y decidan trasladar su domicilio fiscal. Esto supondría en la mayoría de los casos que los inversores se vieran obligados a pagar este tributo antes de que se produjera la venta de los activos, es decir, es un impuesto sobre las “plusvalías teóricas”, según explica Ascri.

Otra de las medidas que recoge el documento que Ascri ha presentado a las formaciones políticas trata sobre una de sus reclamaciones desde hace años: elevar las inversiones de los fondos de pensiones en el sector. En España, el actual marco regulatorio dificulta este tipo de inversiones y el capital privado representa algo menos del 1 por ciento del total de estos fondos, frente al 10 por ciento de EEUU o el 5 por ciento de Europa. De esta forma, desde la patronal apuntan a dos medidas concretas.

Mejora de la estructura inversora

Por un lado, flexibilizar los límites de la inversión de los planes de pensiones estableciendo mayores coeficientes de inversión y diversificación -entre el 40 y el 50 por ciento del total de los activos del fondo de pensiones- y eliminar las comisiones en cascada. Respecto a este punto, el marco legal limita las comisiones de gestión de fondos de pensiones a un máximo del 1,5 por ciento, pero también las que cobran las gestoras a sus inversores. Por eso, desde Ascri proponen eliminar del cómputo del límite máximo de las comisiones de los gestores de planes de pensiones, las retribuciones percibidas por los gestores de capital privado, puesto que son dos tipos de gestión distintos. Por otro lado, una de las principales desigualdades que denuncian desde Ascri se centra en la escasa flexibilidad legal de los fondos de capital privado, lo que dificulta e, incluso en ocasiones impide, que las gestoras puedan levantar fondos de deuda, fondos de fondos o fondos secundarios que estén domiciliados en España por lo que deben crearlos en Luxemburgo. Así, la patronal reclama que la figura del FCR se flexibilice o poner en marcha vehículos homologables a los luxemburgueses o anglosajones. También reclaman una mejora en el acceso de inversores no profesionales en entidades de venture capital, ya que “la actual rigidez de los criterios objetivos para calificar como inversor profesional dificulta la posibilidad de invertir en un fondo a inversores informados cuyo capital es esencial para el desarrollo del tejido startup.

Más interlocución y menos burocracia

En la actualidad, existe una gran cantidad de ayudas al emprendimiento, pero la patronal pide que estas ayudas públicas vayan más allá de la financiación y también presten servicios de asesoramiento para poder definir y ejecutar un plan de negocio sostenible. Por ello, desde Ascri sugieren la creación de una ventanilla única que permita a las empresas ponerse en contacto con la Administración para trasladar sus necesidades y encontrar solución a los problemas que les pudieran sobrevenir.

Además, también quieren mejorar la burocracia a la hora de liquidar una empresa reformando la ley de Segunda Oportunidad para que la ‘responsabilidad limitada’ permita la exoneración de todas las deudas, incluyendo las incurridas con la Administración.