Los fondos de litigios se abren paso en España

Acciona, Telefónica, Iberdrola y Abengoa son algunas de las compañías domésticas
que han apostado por la venta de pleitos a este tipo de inversores, que financian
los costes de estos litigios a cambio de un porcentaje si la empresa resulta vencedora
en el conflicto legal

24 sep 2019 / 10:00 H.

La maduración del negocio del capital privado en España ha despertado el interés de nuevos jugadores internacionales, que hasta hace unos años sólo buscaban oportunidades en otros países como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Australia. Este ha sido el caso de los fondos de litigación, que llevan meses analizando y cerrando oportunidades de inversión en el país. La fórmula es aparentemente sencilla: adquieren pleitos concretos a compañías a cambio de un desembolso económico; como contraprestación, se llevarán un porcentaje si consiguen ganar la demanda. Pero, ¿por qué es interesante para las compañías?

Para Antonio Wesolowski, general counsel para España y Latinoamérica de Calunius Capital -uno de los fondos especializados en este negocio-, los beneficios que extraen las compañías de este tipo de operaciones se resumen en tres: “cubrir los riesgos propios de litigar, esto es, obtener una cantidad de dinero cierta a cambio de compartir en el futuro una cantidad incierta; evitar invertir más recursos en un activo de dudoso rendimiento futuro; y ganar eficiencia en la gestión del balance”. En otras palabras: las compañías consiguen ahorrar costes, tiempo y, en la mayoría de los casos, logran obtener financiación fuera de sus balances.

Uno de los casos más mediáticos ha sido el de Acciona y el conflicto del ATLL, que ha acabado en manos del fondo estadounidense Fortress, en un pleito valorado en 1.036 millones que la constructora española ya ha conseguido monetizar. Pero no ha sido el único. Además del ATLL, Acciona ha vendido otro paquete de litigios a esta gestora, tal y como adelantó elEconomista, valorado en 300 millones de euros, que se suman a otros pleitos que ha comprado este fondo -o está en proceso- a grandes compañías españolas como Telefónica o Iberdrola. También, hace escasos días Abengoa anunciaba que negocia la venta del arbitraje contra el Reino de España por el recorte a las renovables a varios fondos por 75 millones. Pero no son las únicas, ya que muchos expertos consideran que este tipo de operaciones es un negocio en auge y, muchas de las firmas de asesoramiento consultadas, se están planteando ofrecer este tipo de servicios a sus clientes.

“Lo atractivo del mercado español es su extraordinaria predisposición a la utilización de este tipo de servicios financieros. La realidad es que no han sido los inversores los que han creado el mercado en España, sino al revés: el mercado nacional salió en busca de inversores en riesgo legal y los inversores generalistas con apetito por el riesgo recogieron el guante. Aunque España no es la única jurisdicción en la que se realizan inversores de este tipo, sí es probablemente el mercado que más ha crecido en menos tiempo”, explica Wesolowski.

En esta línea, Ignacio Delgado, investment officer del fondo de litigios Therium argumenta que “hay muchísimo hambre por invertir en España. El mercado nacional está creciendo rapidísimo y está evolucionando hacia el litigation fund puro y duro. Vamos a ver una evolución del producto mucho más rápida que en otros mercados como Reino Unido. Los arbitrajes internacionales son caros, hay muchas empresas que no pueden afrontar los costes y mediante este tipo de operación les das retornos. Hay muchas operaciones en marcha en el mercado español”. “En general, el retorno va en función de la transacción, a veces va cambiando y otras está más prefijado”, añade Delgado. Therium anunció el pasado mes de marzo que ha levantado un nuevo fondo de 430 millones de dólares (391 millones de euros, al cambio actual) y supera ya la barrera de 1.000 millones de dólares (909 millones de euros) levantados. Y sólo con tres inversores. Pero, ¿quién invierte en este tipo de operaciones? Fundamentalmente, según apuntan los expertos, son inversores institucionales: hedge funds, fondos de private equity o family offices.

Mejora financiera

El funcionamiento del litigation fund es sencillo: este tipo de inversor se encarga de financiar los costes legales del demandante y las costas en caso de que el proceso no se resuelva a su favor. A cambio, si el arbitraje o la demanda llegan a buen éxito y la empresa sale vencedora, el fondo se lleva un porcentaje de la cantidad reclamada. Si es al contrario, el financiador perdería toda la inversión. En algunos casos el fondo mete a su propio equipo legal para llevar el pleito y en otros sólo financia estos costes.

Por ejemplo, en el caso de la venta a Fortress de la demanda del ATLL -Aigües Ter Llobregat, la operadora que abastece de agua al área metropolitana de Barcelona- de Acciona contra el Gobierno por la rescisión del contrato, la compañía de los Entrecanales recibió 170 millones de euros. Sin embargo, Acciona cuantifica en torno a los 1.000 millones de euros la cifra que puede ingresar en el futuro como compensación por los daños y perjuicios que puedan admitir los tribunales por este laudo. De esta cantidad, si la demanda resulta favorable para la compañía española, Fortress se llevará un porcentaje. Con esta operación, además, Acciona consigue eliminar la provisión asociada a este arbitraje. “Las operaciones de inversión en litigios suelen tener el efecto de sanear el balance del litigante, reduciendo o incluso eliminando la obligación de dotar provisiones por pleitos”, añade el general counsel de Calunius Capital.

En cualquier caso, los motivos por los que las compañías recurren a los litigation funds son muy variadas. “Algunas lo hacen para no tener que recurrir a los bancos, otras para refinanciar su deuda y otras porque quieren cumplir con sus planes de retribución al accionista”, añade el consultor de Therium. Además, otro de los puntos a favor de estas operaciones es su rapidez, ya que no suelen prolongarse más de uno o dos meses en el tiempo.

Pese a la rápida evolución de este tipo de financiación alternativa, todavía hay muchos directivos españoles que lo rechazan al considerar que los compradores están comprando a derribo. “Muchas veces se confunde los arbitrajes con las carteras de préstamos fallidos -NPL, por sus siglas en inglés-. Éstos se venden con descuento, pero en la compra de arbitrajes el upside es muy alto. Los fondos ven estas operaciones como un partenaire, la propia compañía es la que sigue apareciendo en las demandas. Siempre hay accionistas que piensan que están malvendiendo y todavía nos encontramos muchas reticencias, creo que falta esa educación financiera y que se conozcan este tipo de operaciones, pero llegará”, añade Delgado.

En cuanto a los retornos que ofrecen este tipo de transacciones, Wesolowski explica que “el objetivo es comparable al que se espera en las operaciones de venture capital -capital semilla-. Como criterio muy general, un fondo de venture capital podría esperar un retorno anualizado del 20 por ciento. El inversor en litigios debe ser consciente de que la naturaleza de sus inversiones puede ser -y en muchos casos lo será- binaria -si el pleito se pierde, perderá todo lo invertido, pero si se gana probablemente sea siempre un éxito en términos de rentabilidad-. En términos financieros, una inversión en un litigio con riesgo estándar y duración moderada debe generar una expectativa de retorno en el entorno de, al menos, el triple del capital invertido”.

Largo recorrido

Lo cierto es que todos los expertos consultados coinciden en que estos fondos han llegado a España para quedarse, ya que cada vez más compañías demandan sus servicios. “Las grandes compañías han hecho públicas la venta de sus litigios porque eran cotizadas y están sometidas a ciertas normas de transparencia, pero se han hecho muchas más operaciones de compra de litigios, que no se han hecho públicas, en compañías mucho más pequeñas que han monetizado sus reclamaciones”, añade Wesolowski.

Para algunos, esta tendencia puede ser un síntoma de una futura desaceleración en el país y que, al igual que han hecho los bancos, las compañías españolas quieren estar preparadas y que sus balances no corran riesgos por este tipo de conflictos. Sin embargo, otros apuntan a que esto solo es fruto de la evolución de la financiación en España que, poco a poco, va reduciendo su dependencia a las entidades financieras tradicionales. De hecho, en muchas ocasiones son los propios fondos de inversión que participan en el accionariado de una compañía los que animan a los directivos a contactar con este tipo de inversores.

Por sectores, Delgado explica a esta publicación que estas operaciones se centran, especialmente, “en el negocio de las infraestructuras y de la construcción”, donde suele haber más conflictos con las Administraciones Públicas. Además, el consultor de Therium también pone el foco en Latinoamérica, donde cree que se producirán más operaciones de compra de litigios en los próximos meses como consecuencia del choque con las Administraciones. “Lo podemos ver desde empresas españolas que tienen conflictos legales en alguno de estos países hasta constructoras latinoamericanas”, explica.